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  • Publicado en El Libre Pensador el 12/10/2012

Como una trágica ironía de la historia en la conmemoración sobre “El fin de la libertad”, que realizan  los pueblos originarios americanos todos los 11 de octubre (día antes de la llegada de Colón a América)  y, a menos de un año del crimen de Cristian Ferreyra, se halló el cuerpo degollado de Miguel Galván, en la puerta de su propia casa. Sucedió en un paraje al norte de la Provincia de Santiago del Estero. Denuncias de sicarios en las matanzas campesinas y  dudas sobre  anuencias políticas hacia intereses agropecuarios sobre estos episodios trágicos.

Miguel Galván, de 40 años y perteneciente a la agrupación  Movimiento Campesino de Santiago del Estero –Vía Campesina (MOCASE-VC), fue asesinado en el paraje Simbol, lindante con la Provincia de Salta.

Según el comunicado transmitido por el MOCASE, el hecho fue realizado por un grupo armado que respondería a un empresario agropecuario salteño. El mismo Galván, habría sido víctima de varias amenazas e intentos de desalojo en forma violenta, por parte de productores interesados,  enviándoles  sicarios al servicio de los mismos. En el parte, el MOCASE-VC, responsabilizó una vez más “al gobernador de la provincia Santiagueña, Gerardo Zamora”, de otro campesino indígena brutalmente asesinado como ha sido el de Cristian Ferreyra, el  16 de noviembre del 2011. En el mismo sentido, aseguraron que los “mismos funcionarios santigueños son inoperantes y cómplices de los asesinatos por no asegurar a los guardianes de la producción campesina indígena”.

Cristian Ferreyra (23 años de edad), también perteneciente al MOCASE-VC, ha sido el caso resonante que dio a luz intereses comprometidos en la adquisición de tierras para productividad y negocios  agropecuarios, utilizando métodos de amedrantamiento, para que los habitantes, en su mayoría de pueblos originarios, dejasen las tierras ancestrales en las que habitan. En este caso,  Javier y Arturo Juaréz, matones de empresario José Ciccioli oriundo de Santa Fé, dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristián. También hirieron de gravedad a otro compañero  y un tercero con golpes graves.

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Los Intereses en juego y la venta de un campo con un pueblo dentro

Según el comunicado de entonces emitido por el MOCASE-VC, “Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática”

En esa oportunidad, una de las integrantes de la agrupación amplió aún más su denuncia en donde explicó que “Son empresarios que quieren quedarse los campos. Ciccioli compró uno, quizás sin saber las 600 personas que había dentro. Son unas 2 mil hectáreas. Él comenzó el alambrado y cerró caminos vecinales. Ahora hay familias que no mandan a sus chicos a la escuela por caminos cortados y amenazas constantes. El responsable, que contrata a mercenarios, es él”.

El MOCASE, acusó en esos días  al Gobernador  de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de permitir los desmontes donde habitan familias rurales, según manifestaron en otro comunicado emitido aseverando que,” esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosque, quien autorizó el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones”.

El 12 de Octubre del 2007, los empresarios Horacio Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra cerraban un negocio que haría peligrar los hogares de  la comunidad de Piruaj Bajo, en Santiago del Estero . A través de la firma Sacha Rupaska, compraron 17.800 hectáreas a la familia de María Rosa Salomón, esposa del Ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives. Dentro de ese inmenso terreno vivían las 84 familias -más de 800 personas. Tanto los vendedores como los compradores lo sabían. Por eso acordaron de palabra que iban a ceder cerca de 7 mil hectáreas para que puedan seguir ahí.

El abogado de las 84 familias, Pablo Muratore, comentó entonces  a un medio periodístico (Perfil.com, 10/05/2010) la estrategia realizada por los intervinientes en la transacción: “que una vez comprado el campo, los empresarios le vendieron 3 mil hectáreas a Pedro César Pablo Esteban Belatti. Entre esas tierras se encontraban las familias. Esta estrategia habría tenido un sólo objetivo: que la comunidad pueda reclamar a la Justicia en concepto de ese terreno y no las 17.800 iniciales

Según relata el diario de aquella época:

” María Rosa Salomón es abogada y esposa del Ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives. En 1960 su padre, junto a sus cuatro hermanos, compró el campo hoy en disputa. Cuando todos fallecieron, los descendientes -20 en total- decidieron venderlo”

“Vino a mi estudio (Horacio Iván Gándara) y me dijo para comprar el campo. Le dijimos que tengan en cuenta que había familias adentro. Fueron y vieron a la gente, hicieron reuniones con los ocupantes. Se llegó al acuerdo de que se les darían a la comunidad 6 o 7 mil hectáreas. En razón de eso nos compraron la propiedad, pero como les pedían esas hectáreas pagan en consecuencia de eso. Nos pagaron una cantidad de campo muy reducida”

Luis Ger, presidente de El Ceibal asociación civil que acompaña a los campesinos, brindó  en su oportunidad más detalles. “Belatti se presentó en el juzgado federal contra la población de Piruaj Bajo por las 3 mil hectáreas, mientras que Gandara usa esas 14 mil sin problemas. Ahora está haciendo trabajos para alambrar”, explicó Ger, quien agregó que “Gándara tiene guardias armados que amenazan a la comunidad, así no puede haber diálogo posible”

En sintonía con lo expresado por Luis Ger en esos momentos, también una delegada del MOCASE, María Frías, agregaba: “La comunidad campesina con posesión ancestral sufre a diario la presencia intimidatoria de topadoras y guardias armados que responden al empresario Gándara”. El abogado de las familias, Muratore, denunciaba el armado judicial en que se circunscribía la demanda: “La situación judicial es desfavorable porque el reclamo ahora lo podemos hacer sobre las 3 mil hectáreas”. El letrado refirió a la negociación abortada: “La condición para seguir negociando era que no empiecen con los desmontes y no haya armas en el campo. Llegamos al lugar el 15 de abril y vemos que un tipo que saca un arma y la guarda en el bolsillo. Además habían hecho tareas de desmonte. Ahí se cayó el acuerdo porque las familias no confían en él”.

En el mismo medio entrevistado, Gándara se defendió reconociendo primero que  “la gente está en el otro campo”, cuestionando insistentemente “porqué del interés en este tema en particular si no son 80 familias, sino 40″. Además se quejó de que “estas organizaciones viven siempre del conflicto”, defendiéndose que no fue él quien dejó caer el acuerdo, sino los campesinos, ya que “le ofrecí a Muratore -abogado de las familias- 6400 hectáreas en octubre de 2009. Ahora que se jodan”, remató.

Gándara durante años se dedicó a la actividad agropecuaria. En junio de 2007 creó junto a Ezcurra Manantial Pozo S.A., una firma destinada a la explotación de establecimientos rurales, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, entre otras actividades. El presidente de esa sociedad fue Ezcurra. Gándara siempre evitó aparecer en los papeles.

En 2007 crearon Sacha Rupaska S.A., a través de la cual compraron el campo de la familia Salomón.

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Fuentes: Diario Perfil/urgente24.com/

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