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(Publicado en El Libre Pensador el 07/05/2012)

Fuerza de seguridad filmando protestas sociales

Fuerza de seguridad filmando protestas sociales

El periodista interpeló a sus televidentes al comienzo de su programa: “¿Qué pasa en Argentina?… ¿Se puede protestar, disentir, sin que te espíen o te escuchen como en los viejos y nefastos tiempos?”…

El descubrimiento de la trama secreta

En Noviembre de 2011 una querella- presentada por diferentes organismos de derechos humanos, militantes sociales y políticos y el delegado de la comisión interna de la fabrica Kraft  (Javier Hermosilla) – saco a la luz algo que los argentinos creíamos haber superado:la inteligencia social interna

Entre los años 2009 y 2011, centenares de dirigentes obreros , de organismos de derechos humanos , estudiantiles, sociales y políticos ,participaron en diversos reclamos – contra las patronales y el gobierno – movilizándose en marchas y cortes de transito , tambien protagonizaron marchas por el esclarecimiento y justicia en el caso del asesinato del dirigente del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. La movilización y protesta social derivó en el procesamiento y la apertura de expedientes judiciales resultando procesados : el antes mencionado Hermosilla, Normiella, Pitrola y Ripoll (entre otro centenar) , por el delito de violación al código Penal, art. 194 (cortes de ruta, avenidas o calles). El caso de Hermosilla es paradigmático ya que – como los demás procesados- tiene trabado un embargo de 250.000 pesos , a pesar de que su sueldo no supera el básico de un trabajador argentino promedio. Todos estos procesamientos tuvieron como base  “pruebas aportadas por la Gendarmería”, fuerza de seguridad interviniente en los actos de espionaje de los dirigentes sociales

La querella – contra los mencionados procesamientos- fue llevada adelante por la abogada  Myriam Bregman del Centro de profesionales por los derechos Humanos (Ceprodh) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, en representación de Javier “poke “ Hermosilla, y el dia de la presentación estuvieron también presentes Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) , Victoria Moyano ( nieta recuperada, integrante del Ceprodh y el PTS)  , María del Carmen Verdú, representante de Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), entre varios otros dirigentes de organismos de derechos humanos y referentes sociales; en palabras de Bregman “la gendarmería parece desear regular el conflicto social, así cada trabajador al salir a luchar  sabe que sus dirigentes están siendo no solo enjuiciados, sino también espiados”. Los Gendarmes – según  ampliaron entonces los demandantes-, habrían “ido más allá”, admitiendo que  los mismos uniformados “se entremezclaron con la multitud vestidos de civil” para “conocer a los cabecillas de las manifestaciones”, pudiendo realizar su tarea con éxito: encontrar a los que buscaban, con la ayuda de la “base de datos de la fuerza”; reconocieron también  que en el caso del ex delegado de Kraft, Ramón Bogado, llegaron a describir que tipo de reuniones hacían en su casa y lo que desde allí se decidía. De uno de los videos de una marcha que fue aportado como prueba por la misma Gendarmería en la causa 481/09 del juzgado de Tres de febrero, se ve y oye claramente el siguiente diálogo:

–       “Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas”.

–       “Prensa independiente, amigo”

–       “No, decime porque si no te sacamos a la mierda”

–       “Yo me voy solo, no te hagas drama”.

–       “Bueno, andate”

Una nota de color – si pudiese llamarse así ,debido a la gravedad que revisten estos casos-, es la de Luis Cubilla, a quien le imputaron, bajo la misma modalidad de “pruebas que la Gendarmería aporta”, estar presente en una marcha realizada en agosto del 2009; siendo “autor del mismo delito” (…que a los otros inculpados) . De aquello que no se percataron es que el mismo había fallecido dos meses antes de la manifestación aludida en el juicio.

 

Reacción del Ministerio de Defensa

El gobierno pareció sorprenderse por estas acusaciones de “espionaje interno”. En una primera y tardía reacción – por la red social Twitter-  la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó haber ordenado una auditoría del Proyecto X, calificado de simple “software”, no sin agregar que sería “inflexible” si se demostrara que hubo “espionaje político”. Por otra parte, reivindicó la acción llevada a cabo bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos para barrer toda sospecha de persecución a dirigentes sociales.

Sin esperar, la abogada del dirigente querellante (Javier “Poke”, Hermosilla), Myriam Bregman, le respondió con dureza: “Lo de la ministra Nilda Garré es una maniobra para zafar de esta gravísima situación. Ahora salió a decir que no admitirá espionaje y que si lo llegara a haber, será inflexible. Pero resulta ser que esto no se hizo público recién ayer, sino hace tres meses, en noviembre, cuando presentamos la denuncia ante el juzgado federal. Varios medios, entre los que se encontraba el diario Página/12 –periódico de visible simpatía con el actual gobierno-, entonces lo difundieron, por lo que la ministra no puede decir que no sabía nada”, y luego preguntó: ¿Por qué dejó correr en todo este tiempo al ’Proyecto X’, el espionaje y las imputaciones a los luchadores obreros y populares realizados por este método ilegal?. Exhortó finalmente a la ministra: Garré debe aportar inmediatamente toda las pruebas al expediente, todos los informes con que cuenta la Gendarmería y de los cuales sólo conocemos una parte, la que los espías deciden blanquear”.

Al brindar una conferencia de prensa, la funcionaria nacional aseguró que este programa “no es un plan de espionaje” y que en las manifestaciones sociales “no interviene la dirección de Inteligencia sino la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que no tiene acceso al Proyecto X, y que realiza los seguimientos sólo con requerimiento de la justicia”. En otra de sus intervenciones afirmó nuevamente, que el denominado Proyecto X “no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”, remarcó que “tiene otra finalidad y otros usos” y señaló que en la base de datos, “no existe” información de dirigentes sociales. Volvió a recalcar que Gendarmería solo “actúa en todos los casos por orden judicial”. Aseverando que, “podemos decir en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca (bajo métodos ilegales) intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales”, enfatizando “No se utilizó nunca”.

El oficialista diario Tiempo Argentino consignó en estos días, que “la Gendarmería Nacional reconoció la existencia de una base de datos denominada en la jerga interna Proyecto X, en el marco de una medida preliminar pedida por el fiscal Gerardo Pollicita al juez Norberto Oyarbide en relación a una denuncia de organismos defensores de los Derechos Humanos. La novedad provocó duras críticas dirigidas contra la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad”.

 

Más precisiones sobre la causa
Los medios de comunicación aportaron más datos sobre el tema, al tiempo que la oposición amplió las denuncias de los gremialistas,  defensores de los derechos humanos (DDHH) y periodistas.

A  medida que avanza la investigación,  comienza a perfilarse el modus operandi, de las tareas prohibidas de inteligencia previas que realiza  Gendarmería nacional para normar la actuación del personal hacia “el control de manifestaciones públicas”, bajo “Protocolo”.

El documento “secreto”, de once páginas y cuatro anexos fue elevado desde Gendarmería   al Ministerio de seguridad con fecha 23/02/2011. A pedido del Juez interviniente Dr. Norberto Oyarbide, el 17/04/2011,  la Vice Ministra Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, remitió el mencionado documento al Juzgado interviniente, en el marco de la causa caratulada “Gendarmería Nacional S/Delito de acción pública. Demandante: Hermosilla Darío Javier y otros”.

En ese Protocolo, la Gendarmería confirma el espionaje que realiza previo a la intervención de un Jugado, desacreditando los dichos de la Ministra Garre.

En la forma textual en el folio 8, apartado 6 y bajo el título de “Filmación del operativo  monitoreo de las imágenes de video”, en el anexo 2 (organigrama de un destacamento móvil) a la disposición del director nacional Nro. 555/04, “se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación, para eventualmente ser utilizados, de ser necesario ante un proceso judicial”.

La directiva clarifica de forma explícita que  esa fuerza filma sin orden Judicial que después blanquean según las necesidades de las causas, tal como vienen denunciando los organismos sociales que fueron espiados.

Otro dato revelador se da en el folio 7 del documento, en donde manifiestan la normativa que rige el accionar de la Gendarmería en operaciones contra disturbios. Según el reglamento-8-02- “Operaciones contra disturbios” realizan una mención ambigua ante una eventual intervención judicial, y ratificando que la Gendarmería hace inteligencia previa para identificar a las protestas sociales. En uno de los puntos de este reglamento, denominado “Interrupción de calles, avenidas y rutas”, la directiva bajo número 01/2009 del director de Gendarmería, Schenone, sostiene que es una práctica habitual “Identificar a los delegados y/o representantes líderes del grupo de manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc.”. (Esta última palabra (“etc”.) abre un abanico bastante genérico en la requisitoria de información por parte de la fuerza de seguridad implicada, y de poca ingenuidad en este contexto, ya que podría incluir desde hackers en equipos de computadoras personales, Intervenciones telefónicas, por ejemplo…)

Este documento, revela las maniobras de inteligencia realizadas por estos organismos de seguridad que, según los expertos, vulneran  sustantivas y claras legislaciones Nacionales como la ley 25520 (publicado en el Boletín oficial del 06/12/2001), en la que se expresa claramente que “ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos de personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesiones pertenecientes a organizaciones políticas, sociales, sindicales, asistenciales, culturales o laborales, así por la actividad lícita por la que desarrolla en cualquier esfera de acción”.

La ley 19349, taxativamente “establece que la misión y funciones de la Gendarmería Nacional, que una de las tareas de la fuerza es la de actuar como policía de seguridad y judicial en el fuero Judicial “ (Nota :el subrayado en mío).

 

Las evidencias aportadas por este Organismo de seguridad al Juzgado que investiga estos ilícitos, tanto en sus escritos como en las confesiones de los integrantes de los mismos, desnudan varias aristas funestas a ser tenidas en cuenta dentro de algunas acciones del gobierno, que al aparecer aisladas,  sin embargo ,podrían contener – por lo bajo- un plan sistemático represivos bajo leyes, decretos u otras maniobras tendientes a acallar reclamos u oposiciones políticas. Como ejemplo de lo que estoy comentando: La ley llamada “antiterrorista”, que da marco legal al Estado para amordazar y desmovilizar a los luchadores populares, bajo apercibimiento de aplicársele sanciones comparables al tráfico de estupefacientes o de acciones que consideren “terroristas”. La Criminalización  y judicialización de la protesta, bajo amparo del  artículo 194 del Código Penal, está en plena vigencia como señalé al comienzo, yendo a contramano de lo prometido en el 2003 por el propio gobierno. Basta leer  el documento que realiza “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”, en donde elaboran un  “Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner”. En el mismo anticipan que se  proporcionan “datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar; describiendo la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y brindando información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período”.

Una rápida mirada sobre los efectos de la crisis de la dictadura mundial del capital, lleva a ver como las medidas de contención de aquellas protestas que realizan los  trabajadores, organismos de derechos humanos, ambientalistas,  indignados y luchadores sociales  en contra de la pérdida de derechos adquiridos, toman distintas formas,  combinando métodos de  represión o espionajes sociales – como en el caso tratado- en función de proteger a capitalistas que han apostado en el casino el esfuerzo de todo un pueblo, en desmedro de las capas sociales más necesitadas.


Fuentes:

http://argentina.indymedia.org/news/2012/03/810973.php

www.espanol.rfi.fr/

www.pts.com.ar/

Tnnoticias/  

información propia/

Página/12/

Diario Tiempo Argentino /

Diario La Razón/

eltrabajadortelefonico.blogspot.com.ar/

Indymedia.com/

Diario La Nación/

Diario Ambito Financiero/

Diario Pefil

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