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El Tribunal Oral Federal 3, absolvió al ex presidente y otros siete acusados, por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional, con el objetivo  de aprobar  la ley de Reforma Laboral en abril del año 2000.

A Continuación, transcribimos completo el Fallo completo de la Cámara que sobreseyó definitivamente a De la Rúa por los asesinatos de la represión de 2001

 

RESEÑA DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA
EN LA CAUSA Nº 857/07, “CANTARERO, EMILIO MARCELO Y OTROS S/
COHECHO”, DEL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL Nº 3.

http://www.parlamentario.com/db/000/000028_adj-0.935512001387825907.pdf

 

Fallo completo de la Cámara que sobreseyó definitivamente a De la Rúa por los asesinatos de la represión de 2001

  • 1. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la RepúblicaArgentina, a los 19 días del mes de diciembre de 2012, se reúnela Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada porel doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores LuisMaría Cabral y Eduardo Rafael Riggi como Vocales, a los efectosde resolver los recursos de casación interpuestos por lasquerellas y el Fiscal General en esta causa N° 14.278, caratulada:“De la Rúa, Fernando y otros s/recurso de casación”, de cuyasconstancias RESULTA: ° 1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional deApelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la causan° 29.376 de su registro, resolvió confirmar el auto de primerainstancia que sobreseyó a Fernando de la Rúa en orden a los hechospor los que fue indagado (fs. 10548/10564). Contra esa resolución interpusieron recursode casación el Sr. Fiscal General, el Dr. Rodrigo Diego Bordaapoderado de las querellantes María Nieves Marino y MaríaMercedes Arena y el Dr. Rodolfo N. Yanzón, apoderado de MartínEsteban Galli, Paula Simonetti, Leonardo Esteban de RochaFerreira, Susana Slamovits, Ricardo González, Ángel FabiánCocca, Sergio Rubén Sánchez, Sandra Inés Santos, Ana MaríaJuárez, Claudia Paulina Aguilera Farías, Oscar Rubén Chara, JulioMarcelo Talavera, Valeria Cook, Paulo Diego Córdoba, MarianoGabriel Rodríguez, Diego Horacio Sulkes, Mónica Isabel Romero yFernando Javier Rico. Asimismo impugnaron el sobreseimiento losapoderados de la querellante Marta Almirón, Dres. DanielAdalberto Stragá y María del Carmen Verdú.
  • 2. La Cámara Federal declaró admisibles yconcedió los recursos únicamente respecto de los agraviosvinculados con la interpretación de la ley (art. 456, inc. 1° delC.P.P.N.) y los declaró inadmisibles en lo que se refiere a losagravios referidos a la falta de motivación suficiente oarbitrariedad de la resolución (art. 456, inc. 2° del C.P.P.N.)- (fs. 10.636/10637). Esas denegatorias parciales motivaron lainterposición de las quejas que tramitaron bajo los números14.231 y 14.251 que con fecha 20 de abril de 2012 fueron declaradasinadmisibles por esta cámara (registros nros. 19.427 y 19428). Ante esta Cámara sólo se presentaron amantener el recurso el Dr. Borda, abogado del CELS (fs. 10.665)y el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, Dr. Ricardo GustavoWechsler (fs. 10.662) ° 2°) Que a continuación habrán desintetizarse únicamente los agravios concedidos y que,consecuentemente, habilitarían la intervención de esta cámara. Recurso de casación del Sr. Fiscal General. Sostuvo que tanto el art. 23, cuanto elartículo 99, inciso 16 ambos de la Constitución Nacional permitenal Presidente de la Nación declarar el Estado de Sitio, pero noes una facultad exclusiva, sino que existen límites precisosfrente a esa potestad. Además destacó que la declaración debecontar con acuerdo del Senado y que “en caso de conmoción interiorsólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porquees atribución que corresponde a ese cuerpo”.2
  • 3. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570 Agregó que de acuerdo con lo establecido enel art. 75, inc. 22 de la Constitución es inherente al PoderLegislativo “Declarar el estado de sitio en uno o varios puntosde la nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspenderel estado de sitio declarado, durante su receso, por el PoderEjecutivo”. Por ello concluye que aun frente a hechos graves quepuedan calificarse como conmoción interior, el Presidente solopuede dictar (y sujeto a convalidación) el estado de excepciónsi el Congreso se encuentra en receso. Indicó que la excepción a la regla se dacuando el Congreso se encuentra en receso y le impone alpresidente el deber de velar por la seguridad y salvaguarda delas garantías y derechos que el estado de sitio no puedesuspender. En ese sentido citó el art. 27 de la ConvenciónAmericana sobre derechos humanos que establece que la suspensiónde garantías no abarca el derecho a la vida ni a la integridadpersonal, ni las garantías judiciales indispensables para laprotección de tales derechos; imponiendo, además, la obligaciónal Estado Argentino de comunicar a los demás Estados miembros porvía del Secretario General de la OEA las disposicionessuspendidas. La misma limitación contiene el art. 4 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostuvo que el carácter unipersonal quereviste el Poder Ejecutivo, no diluye la responsabilidad delPresidente en virtud de la existencia de funcionarios quedependan directamente de él y que por él son instalados en losrespectivos cargos; ni habilita la asignación de funciones a los
  • 4. respectivos funcionarios mediante ley, la inobservancia delcontrol de las tareas ejecutadas por los subordinados durante lainstauración del estado de sitio. Consideró que el Presidente debió avocarseespecialmente al control de las fuerzas de seguridad y de lospropios funcionarios subordinados por él nombrados, frente a lagravedad de los acontecimientos; máxime cuando ocurrieron ametros del propio despacho presidencial y estaban destinados aresaltar una marcada oposición de los manifestantes hacia elgobierno del ex presidente. Indicó que la alegada ausencia de carrilesde comunicación y la invocada ignorancia de los hechos ponen demanifiesto un desprecio por los derechos constitucionalesamparados en pos de lograr mantenerse en la presidencia de laNación; y que el volumen de las manifestaciones espontáneas porparte de la ciudadanía durante esa noche y la madrugada del 20de diciembre, denominados como “cacerolazos”, le imponían,cuanto menos, indagar sobre el desarrollo de las mismas y elconsiguiente despliegue policial. Dijo que Fernando de la Rúa, autor de lainstauración del estado de sitio, debía, ante la excepcionalidadque implica esa medida, controlar a sus subalternos (Mestre,Mathov, Santos, etc.) estableciendo, al efecto, los mecanismosnecesarios para mantener una actuación por parte de las fuerzasde seguridad conforme al estado de derecho, aun frente a lasituación de excepción, conforme los pactos internacionales yaseñalados; y que nada se dijo en la decisión sobre la4
  • 5. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570inaplicabilidad de los tipos penales en los que se encuadran losacontecimientos pesquisados (arts. 84 y 94 del C.P.). Expresó que tanto los homicidios culpososcomo las lesiones culposas se dejaron de lado en virtud delprincipio de confianza, y que de la Rúa omitió truncar el abusivoy evidente accionar de sus subalternos. En ese sentido puntualizóque el imputado se encontraba en posición de garante no solo porencarnar el Poder Ejecutivo, sino por habilitar, decretomediante, el estado de excepción a las garantías constitucionalesque representa un estado de sitio. Señaló que “no se discute si estabahabilitado para la implementación” del estado de sitio “o lautilización de dicha herramienta”, sino que el centro de laimputación se dirige a la inacción del ex presidente frente alconocimiento del desarrollo de los acontecimientos por noimplementar medidas que redirigieran a la legalidad el accionarde sus dependientes, evitando en consecuencia, los resultadosmuertes y lesiones que se le reprochan. Concluyó que de la Rúa conocía las accionesde la fuerza (a través de diferentes medios periodísticos, SIDE,etc.) o debía conocer (por la gravedad de la medida adoptada yla falta de instauración de carriles de comunicación) y tenía todoel poder para evitarlo y no lo hizo. Agregó que el ex presidenteresultaba garante en última instancia en el estado de excepcióninstaurado. Afirmó que el principio de confianza basado en ladistribución de roles señalados por el voto de la mayoría, quedabaalterado mediante el especial deber que le cabía al ex presidente,
  • 6. al observar que su equipo había comenzado a actuar fuera de loslímites aprobados por las leyes y los reglamentos aplicables. Citó a Stratenwerth, autor en que se basó laconstrucción dogmática de la cámara, en cuanto señaló que elsupuesto de confianza cede como principio cuando el otro ha dadoevidencias de un actuar dirigido a la ilicitud; y sostuvo que elimputado inobservó los deberes de vigilancia ante una acreditadasituación de riesgo instaurada por el estado de sitio eincrementada por el operativo de represión inapropiado,advirtiendo o pudiendo advertir la inconducta de sus subalternosa quienes debía supervisar como garante de la situación y enquienes ya no podía confiar que ajustaran sus conductas a derecho. Expresó que aun situados ex ante losacontecimientos que llevaran al resultado muerte y lesiones delas víctimas de la represión policial se encuentran conectadoscon el aumento de riesgo efectuado por el imputado (estado deexcepción y operativo de control de las manifestacionesciudadanas sin la debida preparación) creando una situación depeligro para los bienes jurídicos vida e integridad personal,reconducibles al principio reconocido en el derechointernacional como “dignidad humana”. Recurso de casación de los querellantesrepresentados por el Dr. Diego Borda y por el Dr. Rodolfo N.Yanzón. Sostuvo que en el marco de un operativopolicial represivo de la magnitud del que tuvo lugar los días 19y 20 de diciembre de 2001 en las zonas de Plaza de Mayo, el Congreso6
  • 7. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570de la Nación y las vías de comunicación entre ambos sitios, norigieron –ni podían regir- las reglas de la vida cotidiana. Porconsiguiente, sostiene que la simple invocación de las facultadesque la Constitución Nacional le confiere al presidente ensituaciones de normalidad, no resulta idónea para evaluarlegalmente su actuación en el marco de un estado de sitio. Indicó que la resolución cuestionada dejó delado, como dato central que determinaba el deber de cuidado y lailicitud de las acciones y omisiones del entonces titular delPoder Ejecutivo Nacional, la situación de excepción en la que sellevó a cabo el operativo policial de represión de una pacíficaprotesta ciudadana. Afirmó que el temperamento desincriminantede la mayoría de la cámara de apelaciones viola lo dispuesto enlos arts. 84 y 94 del C.P. por no determinar en forma correctalos deberes de cuidado atribuibles al ex presidente cuyoincumplimiento produjo los resultados lesivos que damnificarona sus representados. También sostuvo que la resolución en crisiscolisiona abiertamente con la normativa constitucional queestablece los deberes y responsabilidades del Presidente de laNación en el marco de una situación de estado de sitio (art. 23de la C.N.); sostuvo que tiene la facultad privativa para detenerpersonas y trasladarlas, pero no puede delegarla en la PolicíaFederal pues carece esta institución de facultades para detenery poner a disposición del PEN –por sí- a cualquier ciudadano. Remarcó, que aun de aceptarse una postura
  • 8. más flexible que implique una cierta delegación del presidenteen funcionarios subalternos, como el secretario de seguridad oel jefe de la Policía Federal, debió haber controlado o revisadolo actuado por esa fuerza. Entendió que, a contrario de lo postulado enla resolución cuestionada, el ex Presidente tenía una posiciónde garante con relación a la corrección del accionar policial.En ese sentido citó el voto del juez Cattani en el que seestableció que “pesaban sobre el imputado deberes de vigilancia,control o supervisión que no cumplió. Con estas obligaciones selimita la posibilidad de confiar porque el sujeto no puede esperara que se presenten en el caso concreto circunstancias que haganpensar que el tercero se va a comportar incorrectamente, sino queha de comprobar positivamente que no haya determinados aspectosque pueden dar lugar a la conducta incorrecta del tercero”. Como segundo agravio planteó que el PoderEjecutivo Nacional no era competente para dictar el estado desitio. Consideró que los jueces Irurzun y Farahrealizaron una incorrecta interpretación de las normasconstitucionales en juego ya que el operativo de represiónmontado fue ilegítimo porque se desarrolló en el marco de unestado de sitio que fue dictado por de la Rúa sin darleintervención al Congreso Nacional, conforme lo exigen los arts.23, 75 inc. 29 y 99, inc. 16, de la Constitución Nacional. Por consiguiente, sostiene que al haberobviado la competencia que por regla la Constitución atribuye al8
  • 9. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570Congreso, asumió la responsabilidad que dicha decisión –lasuspensión de garantías constitucionales- traía aparejada. Asílas cosas, el imputado se habría transformado en garante por elriesgo creado por su propio comportamiento ilícito –arrogarsefacultades del Congreso- o por decidir excepcionar la reglaConstitucional que obliga al examen parlamentario previo aldictado del estado de sitio. Sostuvo que el decreto 1678/01 que dispusoel estado de sitio en todo el país es inconstitucional y, por ende,debe colegirse que lo actuado en ese marco también lo fue; y queesa situación anómala reforzó los deberes de contralor yvigilancia del ex presidente. Señaló que, tanto el art. 75 inc.29, como el art. 99 inc. 16 de la Carta Magna establecen que encaso de supuesta “conmoción interior”, sólo podrá el Presidentede la Nación dictar el Estado de Sitio cuando el Congreso seencuentre “en receso”, entendido como período de vacaciones delcuerpo legislativo. Indicó que nadie puede discutir que el mismodía del dictado del Estado de Sitio el Congreso estaba sesionando. Recurso de casación de los Dres. DanielAdalberto Stragá y María del Carmen Verdú, apoderados de laquerellante Marta Almirón. Esta querella adhirió a losfundamentos del recurso de casación del Dr. Yanzón y concluyó –en lo aquí pertinente- que bajo ningún concepto las fuerzas deseguridad actuaron por su cuenta, independientemente del poderpolítico en circunstancias como las que se vivían en diciembrede 2001; y que la jurisprudencia que sienta la mayoría de la cámara
  • 10. federal tiene gravísimas derivaciones constitucionales puesimplica que el presidente que dispone el estado de sitio no tieneningún tipo de responsabilidad sobre las barbaridades que puedenllevar a cabo sus subalternos y, por consiguiente, sería como sise resolviera un bill de indemnidad para quien, como determinantede medida excepcional, no le corresponde ningún tipo deobligación institucional. En definitiva sostuvo que de la Rúa esresponsable por los hechos de autos pues los restantes procesadoseran sus subordinados, situación que, lejos de decretar suirresponsabilidad absoluta, la incrementa; ello por cuantohabría habido un plan común que era desalojar la plaza de Mayo,generar condiciones para “intentar la salida conciliada” con laoposición, y de la Rúa fue parte central y jerárquica de ese plan. ° 3°) Que en la oportunidad prevista por elart. 466 del C.P.P.N. se presentaron, en primer término, losapoderados de la querella, Dres. Rodrigo Diego Borda y RodolfoN. Yanzón (fs. 10.692/10.701). Insistieron en que el estado desitio imperante en la jornada del 20 de diciembre de 2001indudablemente resultaba un dato central que determinaba el deberde cuidado y la ilicitud de las acciones y omisiones del entoncestitular del PEN. Agregaron que el estado de sitio incrementa lasfacultades del Presidente y también su responsabilidad por elejercicio de esas facultades que le concede la C.N. sólo a él. Sobre esa base señalaron que el hechoinvestigado en autos no fue un operativo policial normal o derutina que se llevó a cabo en esa jornada luctuosa, sino que fue10
  • 11. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570especialmente dispuesto para la ocasión en el marco del estadode sitio imperante. En ese orden de ideas sostuvieron que seequivoca el a quo al obviar en su análisis de la responsabilidadde de la Rúa, las particulares circunstancias del estado deexcepción y del operativo de represión que se montó. Indicaronque el operativo montado significó el incremento del riesgonormal para las personas y cosas que acrecentaba el deber de losfuncionarios encargados de controlar la actuación de las fuerzasde seguridad en el marco del estado de sitio. En consecuencia, sostuvieron que eltemperamento desincriminatorio de la mayoría de la cámara federalviola lo dispuesto en los arts. 84 y 94 del C.P. por no determinaren forma correcta los deberes de cuidado atribuibles al expresidente. Más adelante sostuvieron que la facultad dearrestar prevista en el art. 23 de la C.N. corresponde específicay privativamente al Presidente de la Nación y sólo está habilitadopara ejercerla con referencia a sujetos individualmenteidentificados (con cita del fallo “Merino” de la C.S.J.N.).Citaron el voto del juez Cattani en cuanto sostuvo que pesabansobre el imputado deberes de vigilancia, control o supervisiónque no cumplió. Con estas obligaciones se limita la posibilidadde confiar porque el sujeto no puede esperar a que se presentenen el caso concreto circunstancias que hagan pensar que el tercerose va a comportar incorrectamente, sino que ha de comprobarpositivamente que no haya determinados aspectos que pueden darlugar a la conducta incorrecta de terceros.
  • 12. Reiteraron que es evidente que el exPresidente tenía una posición de garante con relación a lacorrección del accionar policial y, en esas condiciones, el deberde contralor que la situación de excepción ponía en su cabeza nose limitaba a disponer la remoción del jefe de gabinete o dealgunos de sus ministros, sino que su obligación era hacer cesarla represión brutal e indiscriminada de la PFA que deteníapersonas a disposición del PEN ejerciendo facultades que laConstitución atribuye exclusivamente al Presidente. Dijeron que, a su entender, el PoderEjecutivo Nacional no era competente para dictar el estado desitio; y que el operativo de represión fue ilegítimo porque sedesarrolló en el marco de un estado de sitio que fue dictado porde la Rúa sin darle la intervención al Congreso de la Nación quereclaman los arts. 23, 75, inc. 29 y 99, inc. 16 de la C.N. Así las cosas expresaron que el decreto1678/01 es inconstitucional porque el PEN no era autoridadcompetente para el dictado del estado de sitio y como consecuenciade ello expresaron que si la orden de reprimir y detener a losmanifestantes durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de2001 presupone un estado de excepción válido, la orden es ilícitapues el decreto 1678/01 también lo es. En ese sentido indicaron que el PEN en casode conmoción interior sólo tiene la facultad de declarar el estadode sitio cuando el Congreso esté en receso; y que se debe prestaratención al análisis semántico de la palabra “receso” a fin dedeterminar su significado. Citaron el diccionario de la Real12
  • 13. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570Academia Española según el cual “receso” –en su segunda acepciónamericanista- significa “vacación, suspensión temporal deactividad en los cuerpos colegiados, asambleas, etc.- y en sutercera acepción “tiempo que dura esta suspensión deactividades”. Desde esa definición sostuvieron que lanorma constitucional al referirse a “receso” del Congreso serefiere al período de vacaciones, el que justamente por elespíritu de los constituyentes de 1994 de limitar elpresidencialismo, fue acotado considerablemente; y que, más alláde si el Congreso Nacional estaba en sesiones ordinarias oextraordinarias, nadie puede discutir que el día del dictado delestado de sitio, el Congreso estaba sesionando y, por tal razón,debía ser el organismo competente para declarar el Estado deSitio. Indicaron, entonces, que al habersuplantado al órgano encargado de dictarlo, ello lo transformaindudablemente en garante de los riesgos que la responsabilidadasumida ilícitamente generaba; y que, en consecuencia, deberesponder penalmente por no haber controlado en forma diligenteesos riesgos inherentes a la decisión que adoptó en desmedro delas facultades del Congreso de la Nación. También durante el término de oficina sepresentó el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Gustavo Wechsler (fs.10.709/10.715 vta.). Reiteró el cuestionamiento efectuado en elrecurso de casación a la declaración de estado de sitio por parte
  • 14. del ex presidente de la Rúa y afirmó que su decisión en ese sentidole imponía el deber de velar por la seguridad y salvaguarda deaquellas garantías y derechos que el estado de sitio no puedesuspender. Expresó que el carácter unipersonal que reviste el PENno diluye la responsabilidad del Presidente en virtud de laexistencia de funcionarios que dependen directamente de él y quepor él son instalados en los respectivos cargos; ni habilita laasignación de funciones a ellos mediante ley, ni la inobservanciadel control de las tareas ejecutadas por los subordinados durantela instauración del estado de sitio. Adunó que, precisamente enfunción de la gravedad de los acontecimientos que habilitan sudictado y el carácter extremo de la medida, debió velar por quelas consecuencias de su instauración no conllevaran elavasallamiento de los derechos inalienables, como son la vida yla integridad física de los ciudadanos. Más adelante sostuvo que resultainadmisible sostener que Fernando de la Rúa no conocía losacontecimientos que sucedieron luego de las 22.41 hs del 19 dediciembre de 2001 en que anunció por cadena nacional el estadode sitio. En cuanto a los homicidios y lesionesculposas (arts. 84 y 94 del C.P.) sostuvo que el imputado no podíaampararse en el principio de confianza ante las acreditadasconstancias del conocimiento de la desviación en la actuación desus subordinados. Agregó que el centro de la imputación se dirigea la inacción del ex presidente frente al conocimiento deldesarrollo de los acontecimientos, por no implementar medidas que14
  • 15. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570redirijan a la legalidad el accionar de sus dependientes,evitando en consecuencia los resultados muertes y lesiones quese le reprochan. En la misma oportunidad procesal se presentóla defensa de Fernando de la Rúa, ejercida por los doctores MiguelÁngel Almeyra y Zenón Ceballos (fs. 10.702/10708 vta.).Sostuvieron que se debe tener presente que el tribunal a quolimitó la concesión de los recursos a los agravios vinculados conla interpretación de la ley (art. 456, inc. 1°, del C.P.P.N.) ydejó expresamente excluidos los agravios que señalan que en laresolución se ha incurrido en arbitrariedad o falta de motivaciónsuficiente (art. 456, inc. 2°, del C.P.P.N.). Aclararon que losrecursos se refieren íntegramente a cuestiones de hecho o prueba,tal el caso de si el imputado participó o no podía ser ajeno ala implementación de un plan de acción policial para impedirmanifestaciones y en especial el acceso a Plaza de Mayo y a laCasa de Gobierno; que conocía o debía conocer lo que ocurríadurante esa jornada en la Plaza y sus zonas aledañas y que,sabiéndolo, omitió actuar para impedirlo; que es absurdo sostenerque no dio directivas al respecto para evitar las manifestacioneso despejar la Plaza y que por ejercer la más alta función política,es responsable penalmente de lo ocurrido, en virtud de suinjerencia en la planificación de las acciones y su conocimientodel curso de los sucesos. En ese sentido indicaron los defensores quetodos esos hechos fueron excluidos por el tribunal a quo y quelos recurrentes pretenden alterarlos para justificar sus
  • 16. planteos, lo que los torna inadmisibles. Analizaron luego los fundamentos quellevaron al juez Cattani para descartar la aplicación al caso dede la Rúa del principio de confianza y sostuvo que losacontecimientos del 20 de diciembre de 2001 excedieron losparámetros normales sobre los cuales es aplicable el principiode confianza, por lo que al presentarse la jornada tanconflictiva, los resultados dañosos eran, en ese marco,previsibles para el imputado. Expresaron que el ex presidente, por haberdictado el decreto que implantó el estado de sitio, tenía mayorresponsabilidad y debió conocer o presumir los acontecimientos. Señaló que la cámara federal de apelaciones le restósignificación al dictado del estado de sitio para deducir osuponer en el ex presidente injerencia en la acción o conocimientode lo sucedido. Destacó respecto de esa medida que el Congresono estaba en sesiones ordinarias sino extraordinarias (limitadasa los temas de la convocatoria) y que la validez del decreto quelo ordena ya fue planteada y concluida en esta misma causa y noes materia de consideración actual. De seguido indicaron que vincular esedecreto con lo que ocurrió después constituye una interpretacióndogmática y voluntarista; que el estado de sitio no establecerestricciones automáticas; que por ningún acto o decisióngubernamental se prohibieron manifestaciones o se limitaronotros derechos; que las facultades del presidente respecto a laspersonas se limitan a su arresto y traslado; que nadie puede16
  • 17. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570afirmar que el decreto del estado de sitio significaba por sí lapromoción o autorización de un accionar policial excesivo, o eldesalojo de la Plaza de Mayo; que los motivos de su dictado fueronexplicados pues medió el pedido de los gobernadores deestablecerlo como expresión de respaldo nacional ante losproblemas surgidos en las provincias, sin que se haya dictadodisposición alguna de implementación de cualquier medidaderivada; y que el cuidado y preservación del orden público comodeber policial opera con independencia de él y aun de lasinstrucciones del Ministerio del Interior en el que, por aquélentonces, estaba delegada la política de seguridad según unalarga tradición institucional en la república. Por consiguiente sostuvieron que vincularese decreto con lo que ocurrió después constituye unainterpretación dogmática y voluntarista y, como tal,jurídicamente inaceptable. En otro orden de ideas indicaron que la citaque efectuaron los querellantes del voto del Dr. Cattani en cuantoa que de la Rúa estaba al tanto de la situación de conmocióninterior y de los acontecimientos violentos que se veníansucediendo, no tiene trascendencia para la solución del caso puesse refiere a una opinión minoritaria que importa una conclusiónfáctica que no forma parte del fallo y, por ello, está fuera delrecurso. Agregaron que conforme surge del primer autode esta causa (fs. 1), fue la jueza interviniente, Dra. María R.Servini de Cubría, quien al promediar la mañana del 20 de
  • 18. diciembre, dispuso el desalojo de la Plaza de Mayo frente a laCasa de Gobierno y quien ordenó que la gente se ubicara más alláde la Pirámide. También sostuvieron que esa magistrada se locomunicó al Ministro de Justicia y lo acataron los funcionariosde seguridad. De ello concluyeron que fue una orden judicial yno una disposición política del gobierno; y que aun de dejarsede lado esa orden judicial, las medidas policiales norespondieron a un plan prefijado por el gobierno ni por elpresidente. En otro orden de ideas señalaron losdefensores que las argumentaciones efectuadas por las querellasrespecto de las detenciones practicadas por la autoridad policialhan sido objeto de otra causa, cuyo sobreseimiento se encuentrafirme. Respecto al planteo referido a que de la Rúase encontraba en una posición de garante sostuvieron que el expresidente no estuvo al frente de las operaciones, ni las ordenóni las condujo, ni tuvo conocimiento de los hechos, y la revisiónde esas cuestiones fue declarada expresamente inadmisible porla cámara de “a quo”. Al finalizar solicitaron que se declareinadmisible el recurso de casación de los Dres. Stragá y Verdúpor carecer de fundamentación autónoma. Por último debe mencionarse que se presentóen calidad de “amicus curiae” el abogado y sociólogo RobertoGargarella (cfr. fs. 10.733/10.738). ° 4°) Que a la audiencia prevista en el art.18
  • 19. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570468 del Código Procesal Penal de la Nación concurrieron una delas querellas (C.E.L.S.) y la defensa del Dr. Fernando de la Rúa. El representante de la querella, Dr. Borda,dijo que la resolución recurrida incurrió en la erróneadeterminación jurídica del contenido del deber de cuidado en elcontexto del estado de sitio. Sostuvo que se inobservaron losarts. 84 y 94 del C.P. y la normativa constitucional que definelos deberes del presidente durante el estado de sitio. Criticólas conclusiones del sobreseimiento en cuanto se indicó que lasobligaciones operativas recaían sobre Mathov y Mestre, coninvocación de la ley de ministerios y de seguridad interior y queel estado de sito no modificaba esa cadena de responsabilidades. Indicó que, por el contrario de lo resuelto,el estado de sitio generaba mayores responsabilidades de control;obligaciones especiales inherentes a la decisión de suspender losderechos de los ciudadanos. Agregó que se usó un doble estandarde valoracionón jurídica que se refiere a reconocer que conrespecto a Mathov el estado de sitio le implicaba especialesdeberes de control sobre la policía, pero ello no se aplicó alpresidente. También expresó que la cámara de apelacionesdijo que de la Rúa no tuvo ingerencia en la decisión de Santosrespecto de las detenciones –que fueron el primer detonate de loque sucedió en la plaza-, pese a que no es facultad de la PolicíaFederal la de detener personas durante el estado de sitio, sinoque es exclusiva del presidente; y que aún de aceptarse que dela Rúa podía delegar tácitamente la facultad de detener personas,
  • 20. ello no puede implicar que no tuviera obligación de controlar loactuado por la policía. Citó a Sanchez Viamonte en cuanto sostieneque la Constitución Nacional establece que el presidente tienefacultadas de detener y no el Poder Ejecutivo Nacional; y concluyóque debe descartarse la posiblidad de que opere respecto del Dr.de la Rúa el principio de confianza pues, según indica Zaffaroni,en casos como este no existe la posibilidad de confiar en lossubalternos. Respecto del segundo agravio dijo que elpresidente no era la autoridad competente para dictar el estadode sitio pues éste era resorte exclusivo del Congreso de la Naciónen los casos de conmoción interior. De tal manera el ex presidentese habría arrogado facultades que no tenía, lo cual reforzó, aúnmás, los deberes de contralor y vigilancia que pesaban sobre él;es decir que se reforzó su posición de garante. Se remitió al voto del Dr. Cattani en el quese indicó que Fernando de la Rúa debe responder por el riesgocreado por sus propias decisiones, es decir, por el dictado delestado de sitio y por el intento de frenar las manifiestaciones. Solicitó, en definitiva, que se haga lugaral Recurso de casación y se case la sentencia. Dejó planteada lareserva del caso federal. Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Almeyra porla defensa del Dr. Fernando de la Rúa, en la oportunidad de haceruso de la palabra durante la audiencia, cuestionó laadmisibilidad del recurso de la querella pues sostuvo que bajo20
  • 21. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570el pretexto de corregir errores de iuris se entremezclancuestiones de hecho y prueba. En ese sentido indicó que el agravio que serefiere a la errónea aplicación de los delitos de homicidioculposo y lesiones culposas se sustenta en afirmaciones que nadatiene que ver con la aplicación técnica de la cuestión. Citó el fallo “Robles, Fernando y otross/recurso de casación” de la Sala II de esta Cámara de fecha13/10710 en sustento de la posibilidad de analizar laadmisibilidad de los recursos de la contraparte en esta etapa deltrámite del recurso. Agregó que la teoría del máximo rendimientoque emerge del fallo Casal sólo opera en beneficio del imputadopues la revisión amplia que allí se ordena no se traslada a losrecursos de los acusadores. Indicó que la discusión en torno a si elpresidente conocía o debía conocer los excesos de sussubalternos, que se difundieron por los medios de comunicaciónrecién a las 16 horas del día 20 de diciembre de 2001, es unacuestión de hecho. Respecto del cuestionamiento a la manera enque se dictó el estado de sitio sostuvo que a la fecha de comisiónde los hechos el Congreso se hallaba limitado en su actuación puesestaba llamado a cesiones extraordinarias. Adunó que ha sidocostumbre en nuestro país que estando el Congreso en sesionesextraordinarias, lo dictaba el Poder Ejecutivo. Y así lo hizo dela Rúa frente al reclamo, sobre todo, de la provincia de Buenos
  • 22. Aires. Indicó que la sentencia recurrida esuna pieza sólida e inatacable en su estructura motivacional comofundacional, tanto en lo que se refiere a la fijación de los hechoscomo al análisis del derecho aplicable. Hizo referencia a la ley de seguridadinterior (arts. 8 y 17) en relación a la limitación deresponsabilidad política de los intervinientes en los hechos; ysostuvo que el estado de sitio no potenció el deber de cuidadode su asistido pues estaba legitimado para pensar que los demásiban a actuar debidamente en razón del principio de confianza. Afirmó que el Dr. de la Rúa estabatratando de salvar la vigencia de la investidura presidencial;y más adelante citó a Jacobs en cuanto sostiene que en situacionesde excepción se amplía el principio de confianza, cuando, comoen este caso, hay conmoción interior. De seguido indicó que los homicidios ylesiones materia de esta causa son hechos dolosos que generaronresponsabilidad culposa y que no es posible llevar ad infinitumel control del deber de cuidado en un ámbito jerárquico. Para finalizar su exposición efectuóuna crítica del voto del Dr. Cattani y planteó la violación ala garantía del plazo razonable con invocación del fallo “Mattei”de la CSJN. Ambas partes presentaron breves notas. Deseguido, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.). Los doctores Luis María Cabral, Raúl R.22
  • 23. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570Madueño y Eduardo Rafael Riggi dijeron: I. Habremos de comenzar señalando queconforme surge de la cédula obrante a fs. 10.614, los apoderadosde una de las querellas, los doctores Daniel Adalberto Stragá yMaría del Carmen Verdú, fueron debidamente notificados del autode fs. 10.660 el día 29 de marzo de 2011. Sin embargo, esa parteno se presentó a mantener su recurso ante esta instancia (arts.464, segundo párrafo y 465, primer párrafo, ambos del C.P.P.N.). Es por ello que corresponde declarardesierto el recurso de casación de esta querella, con costas. II. Se ha imputado en autos al ex Presidentede la Nación, Dr. Fernando de la Rúa, los homicidios y lesionesculposas producidos el 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo,en las inmediaciones de la Casa Rosada. El ex presidente fue sobreseído tanto enprimera como en segunda instancia por esos hechos. Losfundamentos desincriminatorios desarrollados por el juez federaly que confirmó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminaly Correccional Federal son varios. En primer término, sostuvo eltribunal de alzada que normativamente no existía en cabeza de deLa Rúa una posición de garante con relación a la forma imprudenteen que se coordinó el operativo de seguridad montado el 20 dediciembre de 2001. En segundo lugar se afirmó que las pruebasde la causa permiten descartar que haya ordenado a sus subalternosreprimir las manifestaciones de aquel día y, con ello, que tuvierael deber –originado en su conducta precedente- de hacer cesar los
  • 24. eventos que se desencadenaron durante la jornada. Finalmenteexpresó que no hay medidas pendientes que puedan alterar el cuadrode convicción actual. Para así decidir, la Cámara Federal invocólo dispuesto en el art. 99, inciso 1° de la C.N. en cuantoestablece que el presidente es responsable político de laadministración general del país, pero agregó –con cita del art.100 de la C.N.- que su ejercicio corresponde, en primer lugar,al jefe de gabinete y, luego, al resto de los ministros yfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, con fundadoanálisis de lo dispuesto en la ley 24.059 –que establece las basesjurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación,control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente agarantizar la seguridad interior- concluyó que “la implantacióndel estado de sitio no modificaba, normativamente, esa cadena deresponsabilidades. Primero, porque ninguna previsión de laConstitución Nacional establece que, una vez tomada esa decisión,el Presidente deba hacerse cargo de custodiar personalmente cómolas fuerzas de seguridad cumplen sus tareas en todo el territoriode la República (ver arts. 23 y 99 inciso 16); y segundo, porquesegún la ley 22.250, al momento de los sucesos competía alMinistro del Interior “Entender en las cuestionesinstitucionales en que estén en juego los derechos y garantíasde los habitantes de la República, y en lo relacionado con ladeclaración del estado de sitio y sus efectos (art. 17)” Estas dos leyes invocadas no fueronanalizadas en sus recursos ni por el Sr. Fiscal General ni por24
  • 25. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570las querellas, pese a haber sido el fundamento normativo deldeslinde de responsabilidad del imputado en la decisión quevienen cuestionando. En efecto, insisten los acusadores concuestionar la validez en abstracto de la declaración del estadode sitio para atribuir al imputado posición de garante respectoa la forma imprudente en que se coordinó el operativo de seguridadpara enfrentar la conmoción interior en la que se encontrabansumidos varios puntos del país. Sin embargo, no efectúan una seriaevaluación de la normativa que rige el diagrama de la seguridadinterior y la división de funciones en la cadena de mandos quela gobierna, ni dan argumentos novedosos que justifiquenapartarse de la inteligencia que a aquella normativa le dio el“a quo”. En ese sentido se invocó en la decisióndesincriminatoria lo dispuesto en el art. 8 de la ley 24.059 queestablece que es el Ministro del Interior quien tiene a su cargola dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas deseguridad del Estado Nacional; y se señaló que en consonancia contales deberes, integraba junto al Subsecretario de SeguridadInterior y otros funcionarios de igual y menor rango, el Consejode Seguridad Interior (arts. 9 y sgtes.). Fue, entonces, sobre la base de las normasque, repetimos, no analizan ni cuestionan en su alcance losrecurrentes, que la cámara “a quo” concluyó que al tiempo de loshechos investigados eran Enrique Mathov (Subsecretario deSeguridad) y Ramón Mestre (Ministro del Interior) y no de la Rúa
  • 26. –quien, por otra parte tenía por debajo suyo al jefe de gabinetecon el deber de ejercer la administración general del país- losfuncionarios políticos a cargo del área de seguridad que, por suespecial posición, tenían en principio la obligación deintervenir ante los excesos de la fuerza policial jerárquicamentebajo su responsabilidad. Se ha sostenido que “no resulta prudenteextender indefinidamente la cadena de responsabilidades,avanzando sin limitación de ninguna naturaleza en las estructurasjerárquicas, y de esta forma incorporando al elenco de imputadosa todo aquél que de alguna forma u otra hubiera contado confacultades para influir en el esquema de toma de decisiones.Concluir de manera contraria, insistimos, importaría apartarsedel principio de responsabilidad por el hecho que necesariamentedebe primar en el estado democrático de derecho, incurriéndoseasí en un supuesto de responsabilidad objetiva ajena al derechopenal liberal” (cfr. Sala III, causa n° 7558, “Ibarra, Aníbals/recurso de casación”, rta. el 15/8/07). III. Además, como ha señalado la defensatanto en su presentación en término de oficina como durante elcurso de la audiencia ante esta Cámara, en la decisión recurridase fijaron cuestiones de hecho fundamentales para descartar laresponsabilidad penal del ex presidente, que ahora no pueden serrevisadas en atención al alcance de la concesión de los recursosde casación dispuesto por la cámara federal. Fundamentalmente,que de la Rúa no contaba con la información instantánea, directay pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en26
  • 27. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570lo inmediato un curso de acción diverso, a diferencia de los otrosfuncionarios mencionados que, en principio, ejercían el controloperativo de la represión policial. En ese sentido el a quo afirmó – se habrá detranscribir la sentencia en lo sustancial- que “para asignarresponsabilidad a de la Rúa…tendría que probarse que tuvo razonesespeciales para creer que todos y cada uno de esos funcionarios–respecto de los cuales, obviamente, el Presidente estabaautorizado a presumir su idoneidad para cumplir eficazmente sustareas- estaban obrando antijurídicamente o mediante abusos depoder. No hay en la causa ninguna evidencia objetiva que permitatener por configurada esa excepcional situación y a consecuenciade ello atribuirle negligencia…toda la información que se hacolectado durante la instrucción sugiere que las reunionesparticularmente referidas al área de seguridad que se concretaronel 19 y el 20 de diciembre de 2001 se mantuvieron en sus ámbitosde decisión naturales. También, que de la Rúa estuvo ocupado entareas de índole político en ambas jornadas. En efecto, el primerdía, fue el Ministro del Interior, Ramón B. Mestre, quien convocóa una reunión sobre el asunto en Casa de Gobierno. Estuvieronpresentes el Subsecretario de Seguridad Interior, Enrique J.Mathov; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén J. Santos;el titular de la Prefectura Naval, Juan J. Beltritti; la cabezade la Gendarmería Nacional, Hugo A. Miranda; el Ministro deJusticia de la Provincia de Buenos Aires, Juan J. Álvarez; elSubjefe de la Policía Federal, Osvaldo A. Cannizaro; y RaúlAndreozzi, Superintendente de Seguridad Metropolitana…Allí se
  • 28. impuso a los presentes del estado de convulsión social imperante,y de la decisión del gobierno federal de responder al pedido deauxilio de la Provincia de Buenos Aires –y de otras provincias-e implantar el estado de sitio en todo el territorio nacional.Además, se dispuso que la Policía Federal Argentina tuviera, enforma exclusiva, jurisdicción en esta ciudad…De la Rúa no estuvoen ese encuentro. Su actividad ese día se dirigió a participaren reuniones con otros actores políticos y sociales (como la mesade diálogo convocada en sede de Cáritas, a la que concurrió juntoa Chrystian Colombo), donde se trataron cuestiones vinculadas ala crisis económica y a la necesidad de realizar ciertos cambiosen el gobierno y conformar un gabinete de unidad. Lo propiosucedió la jornada siguiente. Luego de hablar por teléfono conMathov, a las 9:15 hs de la mañana, Rubén Santos ordenó:“desalojen la Plaza…quiero cincuenta detenidos”. La directivafue emitida a los funcionarios presentes en la Sala de Situaciónde la Dirección General de Operaciones y retransmitida víatrunking y celular a los oficiales jefe. De la Rúa no estaba allíy ninguna probanza sugiere que participara en la toma de aquelladecisión operativa, que fue el primer desencadenante de losexcesos de la fuerza policial durante la jornada. Al mediodía,se concretó la reunión de la Plana Mayor de la Policía FederalArgentina. Allí, Santos ordenó a todos los Superintendentes lainmediata puesta a disposición de la Dirección General deOperaciones de la mayor cantidad de personal como sea posible alos fines de reforzar el servicio implantado. Ese curso de acciónfue calificado de imprudente por esta Sala, ya que no se impartió28
  • 29. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570ningún tipo de directiva acerca de la clase de elementos quedebían llevar consigo los nuevos efectivos asignados aloperativo, quienes concurrieron con el arma reglamentariaúnicamente, en algunos casos sin contar con equipo decomunicación, o sin llevar material anti-disturbio…Nada indicala injerencia del por entonces Presidente en estas decisiones,que la ley delegaba en funcionarios menores. Las órdenes fueronemitidas por las autoridades de la Policía Federal Argentina deacuerdo a la competencia propia que ellos tenían en la materia,y a las directivas previas que diera su superior jerárquico, elSubsecretario de Seguridad, en horas de la mañana. Éste fue elsegundo desencadenante de los resultados lesivos, pues laimplantación del operativo en esas condiciones tuvo una relacióncausal directa con las muertes y lesiones que se concretaron enla ciudad de Buenos Aires durante toda la tarde. Aproximadamentea las 16:00 has –en forma contemporánea a los episodios en queperdieron la vida Diego Lamagna, Carlos Almirón, Marcelo Riva yGustavo Benedetto- se reunió el Consejo de Seguridad Interior.El encuentro fue presidido por Mathov, como la autoridad más altapresente…La información de la causa indica que, paralelamente,de la Rúa se dedicó, hasta avanzadas horas de la tarde, a larealización de una serie de actividades políticas, que procurabanlograr un acuerdo con la oposición…los elementos del sumariodemuestran que la información sobre las primeras muertesproducidas a consecuencia de los incidentes acaecidos superadaslas 16:00 hs llegó a conocimiento de las autoridades en Casa deGobierno a través de los medios de difusión masiva, poco tiempo
  • 30. antes que el imputado presentara su renuncia, solicitara a suSecretario Legal y Técnico que la entregue al Congreso, y dejaraCasa Rosada a las 19: 53 hs…Así, es claro que, a diferencia delo probado respecto de otros encausados, de la Rúa no contó –en ese limitado espacio temporal y mientras se ocupabapersonalmente de otras cuestiones- con las condicionesnecesarias para evaluar si los resultados fueron el efectodirecto de una actividad antijurídica de todos y cada uno de losfuncionarios subalternos que tenían a su cargo el manejo y controldel operativo de seguridad –desde las autoridades policialeshasta las ministeriales correspondientes-, o bien de aquellos quetenían el deber de ejecutar en la práctica la administración delpaís…con fundamento en lo dicho hasta aquí, no cabe, a nuestrojuicio, entender que de la Rúa haya contado, mientras ocurríanlos incidentes, con datos certeros y directos sobre un peligrosurgido como consecuencia del comportamiento descuidado de todosy cada uno de los funcionarios que estaban por debajo suyo en lacadena jerárquica y tenían obligaciones específicas en lamateria…”. Por consiguiente, denegado el recurso por lacámara federal de apelaciones en lo relativo al cuestionamientode esa plataforma fáctica, la impugnación de los acusadores porla vía del art. 456, inc. 1° del C.P.P.N. queda limitada al respetode los hechos probados en la sentencia. Es por eso que no puede pretenderse ubicaral imputado como garante de comportamientos ajenos cuando se tuvopor probado -sin posibilidad de volver sobre esa cuestión- que30
  • 31. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurridosus inferiores durante el estado de sitio. Lo contrarioimportaría una flagrante violación del principio deculpabilidad, además de una injerencia impropia de esta Cámaraen ámbitos ajenos a su competencia en contra de lo dispuesto porel art. 445 del C.P.P.N. Hemos de recordar aquí que los agraviosrelativos a la errónea aplicación de la ley sustantiva debenpartir de los hechos probados en la sentencia, de manera tal quepueda adecuarse la significación jurídica que se pretende sinmengua o cuestionamiento a la plataforma fáctica fijada por eltribunal de mérito; aspecto en el que, por otra parte, se advierteque el resolutorio cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos,necesarios y suficientes que impiden su descalificación como actojurisdiccional válido (Fallos 293:294; 299:226; 300:92; 301:449;303:888; entre otros). IV. Así, en rigor de verdad, el recursoconcedido queda limitado a considerar la validez del dictado delestado de sitio por el Presidente de la Rúa. Al respecto habremosde recordar que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de laNación, siguiendo su reiterada doctrina, que deben reconocerse“… las facultades privativas de los poderes legislativo yejecutivo referentes a la apreciación de las circunstancias dehecho que torna aconsejable la declaración del estado de sitio,por la cual la decisión de esos poderes no resulta revisable porlos jueces” (Fallos 312:1882). En ese mismo precedente el AltoTribunal sostuvo que lo que sí está sujeta al control
  • 32. jurisdiccional es la aplicación concreta de los poderes deexcepción del Presidente sobre las libertades constitucionales,“examen judicial que implica un pronunciamiento desde el puntode vista de la legitimidad de las medidas, en el sentido de quemedie exceso de los límites trazados por el art. 23 de laConstitución Nacional, como ocurriría si el Presidente aplicarauna pena o negara el derecho de optar por salir del territorioargentino o detuviera a un miembro del Congreso o delegara laatribución de arrestar en funcionarios inferiores. Así ha sidointerpretado por esta Corte, en su actual integración, el alcancede las facultades mencionadas…” Sobre esa base, y dejando de lado el análisisdel acierto o conveniencia de la medida adoptada, habrá deefectuarse un análisis de las normas inherentes a la decisiónadoptada, que no está de más señalar, tampoco fueron analizadasen los recursos de los impugnantes, pese a su fundamentaltrascendencia. Se limitan los impugnantes a decir que eldictado del estado de sitio debió emanar del Congreso de la Nacióny no del presidente pues aquél órgano se encontraba sesionando. Ahora bien, por Decreto Nacional n°1579/2001 el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinariasal Congreso de la Nación a partir del 6 de diciembre de 2001 yhasta el 21 de diciembre de 2001. Ese decreto, en su art. 2 declarócuáles eran los asuntos comprendidos en la convocatoria y a talfin se remitió al Anexo A que lo acompañó. De más está decir que la validación del32
  • 33. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570estado de sitio no podía integrar el listado de temas para lassesiones extraordinarias, pues si bien la situación política delpaís era complicada, todavía no habían sucedido los hechos quejustificaron que el presidente considerara que nos encontrábamosfrente a un supuesto de conmoción interior. Los temas a tratar en las sesionesextraordinarias que fijo el P.E.N. eran: “1.- Proyecto de Ley dePresupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio delaño 2002. 2.- Consideración de Acuerdos, Convenios y TratadosInternacionales; 3.- Consideración de Acuerdos de ascensos delPersonal Militar, ascensos y designaciones de miembros delServicio Exterior de la Nación, designación de Autoridades delBanco Central de la República Argentina, designación de juecesy designación de miembros del Ministerio Público. 4.- Proyectode Ley por el que se solicita autorización al Honorable Congresode la Nación para que el señor Presidente de la Nación puedaausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran. 5.-Ratificación de los Convenios Complementarios de la SegundaAddenda al “Compromiso Federal para el Crecimiento y laDisciplina Fiscal”, suscriptos por los señores gobernadores delos Estados Provinciales, el Interventor Federal de la Provinciade Corrientes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuenosAires y el Gobierno Nacional. 6.- Ley de Coparticipación Federalartículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional. 7. Prórroga dela Ley de Impuesto a las Ganancias que cuenta con media sanciónde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente seencuentra en revisión en la Honorable Cámara de Senadores de la
  • 34. Nación. 8.- Proyecto de Ley de Prórroga de diversos tributos(Impuesto sobre los Bienes Personales, Régimen Simplificado paraPequeños contribuyentes, etc.), elevado a consideración delHonorable Congreso de la Nación, mediante Mensaje 1525 de fecha27/11/2001” (cfr. Anexo A del Decreto 1579/2001 del P.E.N.). Tal convocatoria a sesiones extraordinariasse efectuó de acuerdo con lo previsto en el art. 63 de la C.N.y fue prorrogada con fecha 12 de diciembre de 2001 por decretoNacional n° 1642/2001, extendiéndose aquéllas hasta el 28 defebrero de 2002. Los hechos de conmoción social en distintospuntos del país que llevaron a la declaración del estado de sitioson, a nuestro entender, de público y notorio, sin perjuicio deque el tribunal de mérito los dio por probados y no han sidocontrovertidos por los recurrentes. En ese sentido se sostuvo que“las pruebas de la causa revelan que, previo a ello [ladeclaración del estado de sitio] se habían verificado en el paíshechos violentos, incluyendo saqueos a supermercados ycomercios, y enfrentamientos entre ciudadanos y la policía, convarios heridos como resultado… Además, que el Gobierno Nacionalrecibió pedidos de auxilio de la Provincia de Buenos Aires y otrasprovincias…”. En ese contexto, y de acuerdo con loestablecido por el art. 99, inc 16 de la CN, el Poder EjecutivoNacional dictó el Decreto 1678/2001, fechado 19 de diciembre de2001, por el que se decretó “artículo 1.- Declárese el estado desitio en todo el territorio de la Nación Argentina, por el plazo34
  • 35. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570de treinta (30) días. Art. 2.- Dése cuenta al Honorable Congresode la Nación e inclúyese la declaración del estado de sitio entrelos asuntos a considerar en el actual período de sesionesextraordinarias a cuyo efecto se remite el correspondientemensaje…” La norma constitucional invocada (art. 99,inc. 16 de la C.N.) establece que es atribución del Presidentede la Nación declarar el Estado de Sitio en caso de conmocióninterior cuando el Congreso está en receso, con las limitacionesprescriptas por el art. 23 (a saber: “en caso de conmocióninterior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejerciciode esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, sedeclarará en estado de sitio la provincia o territorio en dondeexista la perturbación del orden, quedando suspendidas allí lasgarantías constitucionales. Pero durante esta suspensión nopodrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicarpenas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas,a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, siellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”). Por su parte el art. 75, inc. 29 de la C.N.establece que corresponde al Congreso “Declarar en estado desitio en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmocióninterior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado,durante su receso, por el Poder Ejecutivo”. Ha dicho Joaquín V. González que “1ª Elestado de sitio, facultad de excepción originariamentelegislativa y acordada por excepción también al Poder Ejecutivo
  • 36. en casos limitados, condensa la suma de los poderes que suejercicio implica, en manos del Presidente de la República; 2ªLa suspensión de las garantías constitucionales comprende sólolos derechos civiles y políticos de los individuos, nacionalesy extranjeros, y no la existencia de los Poderes del gobierno;su inteligencia es restrictiva y su uso limitado por la necesidadefectiva de la seguridad pública. 3ª Cada uno de los Poderes queintervienen en la declaratoria del estado de sitio y en suejercicio es absoluto y discrecional en lo que le corresponde,pero en cuanto se desprende de la naturaleza de nuestro gobiernoy de las limitaciones expresas en la Constitución, está sujetoa responsabilidad por el uso de facultades políticas noconcedidas por la Constitución.” (Joaquín V. González, Manual dela Constitución Argentina, pág. 257, Editorial Estrada, Vigésimosexta Edición (tercera reformada), Buenos Aires, 1971). La más encumbrada doctrina constitucionalargentina afirma que la competencia del Congreso convocado asesiones extraordinarias es limitada a los puntos fijados en elacto que la dispone. Se ha dicho que “El Congreso no dispone dela plenitud de su competencia, sino que ésta queda circunscriptaa las cuestiones que provocan la realización de las sesionesextraordinarias, y que son fijadas por el presidente de laRepública. Quien convoca con facultad exclusiva y excluyenteconvoca para “algo” (grave interés de orden y progreso); quienes convocado por iniciativa ajena, no tiene más competencia quela limitada por el temario de la convocatoria….si se reúne36
  • 37. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570extraordinariamente porque el Poder Ejecutivo lo dispone, sólose reúne para tratar las cuestiones que el Poder Ejecutivoestablece” (cfr. Germán J. Bidart Campos, “DerechoConstitucional del poder”, Ediar, Bs. As. 1966 T. I, pag. 254 y255; Humberto Quiroga Lavié, “Derecho Constitucional”,Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As., 1978, pág.783, ambos citados en la obra compiladora “Atribuciones delPresidente Argentino” del Instituto Argentino de EstudiosConstitucionales y Políticos, Ed. Depalma, Bs. As., 1986,capítulo 14: “El presidente y las sesiones del Congreso”, pág.443/462). En igual sentido se indicó que “laconvocatoria a sesiones extraordinarias es facultad delpresidente de la República… y éste debiera hacerlo sólo cuandoalguna razón grave, de emergencia (v.gr., guerra, conmocióninterior, etc….), lo justifique. Si bien la Constitución nadadice al respecto, la costumbre ha limitado la actuación de lascámaras en las sesiones extraordinarias únicamente al análisisde aquellos temas que hayan sido incluídos por el Poder Ejecutivoen el decreto de convocatoria, lo que se conoce como “agendacerrada”. En las sesiones ordinarias y de prórroga, en cambio,las facultades de las cámaras son amplias….” (Miguel AngelEkmekdjian, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IV, Ed.Depalma, pág. 331, Buenos Aires, 1997). Siguiendo sin duda esta interpretación, elcuestionado decreto de declaración de estado de sitio, como yase transcribió más arriba, incluyó expresamente la orden de dar
  • 38. cuenta al Congreso de su dictado a los fines de que, de acuerdoa las atribuciones de ese cuerpo, procediera como lo marca laConstitución, aprobándolo o suspendiéndolo. Antes de que el Congreso se expidiera por unau otra opción, y entre las últimas decisiones adoptadas por elDr. Fernando de la Rúa como Presidente de los argentinos antesde presentar su renuncia, el 21 de diciembre de 2001, fue dictarel decreto 1689/2001 que en su artículo 1 rezaba “dispónese ellevantamiento del estado de sitio declarado por el Decreto nro.1678/01”, ordenando también dar cuenta al Honorable Congreso dela Nación de dicha decisión (art. 2). En la misma fecha, el Sr. PresidenteProvisorio del Senado de la Nación en ejercicio del PoderEjecutivo, Dr. Ramón Puerta, integrante del partido opositor(justicialismo) al del renunciante de la Rúa, siguiendo el mismoprocedimiento de éste y ante la continuidad del estado deconmoción interior en que se encontraba sumido parte delterritorio Nacional, declaró el estado de sitio por 10 días enla provincia de Buenos Aires (Decreto Nacional 16/2001). Dicho decreto reza “visto los hechos deviolencia generados por grupos de personas que en formaorganizada promueven tumultos y saqueos en comercios de diversanaturaleza, y considerando que en la provincia de Buenos Airescontinúan los actos de violencia colectiva que han provocadodaños y puesto en peligro personas y bienes, con una magnitud queimplica un estado de conmoción interior. Que las autoridades dela citada Provincia han solicitado al Gobierno Federal el38
  • 39. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570ejercicio de las facultades que la Constitución Nacional leotorga, a fin de resguardar el libre ejercicio de los derechosde los ciudadanos. Que encontrándose el Honorable Congreso de laNación en receso de sus sesiones ordinarias, corresponde a estePoder Ejecutivo Nacional resolver en lo inmediato e incluir eltratamiento de lo dispuesto por el presente decreto en el temariode sesiones extraordinarias. Que el presente se dicta en virtudde lo dispuesto por los artículos 23, 99, inciso 16, de laConstitución Nacional…” (el resaltado nos pertenece). Al otro día (22 de diciembre de 2001), el Dr.Puerta, por decreto 23/2001 ordenó derogar la convocatoria asesiones extraordinarias y su prórroga (decretos 1579 y 1642,ambos del 2001) y prorrogó las sesiones ordinarias del Congresohasta el 28 de febrero de 2002; sin perjuicio de que, el 24 dediciembre dictó un nuevo decreto, esta vez declarando el estadode sitio en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, porel plazo de 10 días (decreto nacional 18/2001) y esta vez,nuevamente ordenó dar cuenta al Honorable Congreso de la Nacióne incluir la declaración de estado de sitio entre los asuntos aconsiderar en el actual período de sesiones “extraordinarias”,a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje”. Tampoco puede obviarse aquí que, conformesurge de fs. 87 y sgtes. de esta voluminosa causa, el PoderEjecutivo, cumplió con la obligación constitucional asumida através de los pactos internacionales de derechos humanos quesuscribió, de poner en conocimiento de la ONU y de la OEA de lasdeclaraciones de estado de sitio respectivas.
  • 40. Caber recordar aquí que el art. 4 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “1)En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de laNación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, losEstados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposicionesque en la medida estrictamente limitada a las exigencias de lasituación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud deeste Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatiblescon las demás obligaciones que les impone el derechointernacional y no entrañen discriminación alguna fundadaúnicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión uorigen social. 2) La disposición precedente no autorizasuspensión alguna de los artículos 6, 7 y 8 (párrafos 1 y 2), 11,15, 16 y 18. 3) Todo Estado Parte en el presente Pacto que hagauso de derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a losdemás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto delSecretario General de las Naciones Unidas, de las disposicionescuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayansuscitado las suspensión. Se hará una nueva comunicación por elmismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada talsuspensión”. Por su parte, el art. 27 de la ConvenciónInteramericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de CostaRica) establece que: “1. En caso de guerra, de peligro públicoo de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad delEstado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la mediday por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la40
  • 41. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.570situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud deesta Convención, siempre que tales disposiciones no seanincompatibles con las demás obligaciones que les impone elderecho internacional y no entrañen discriminación algunafundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origensocial. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensiónde los derechos determinados en los siguientes artículos: 3(Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4(Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad Personal); 6(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio deLegalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y deReligión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre);19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23(Derechos Políticos), ni las garantías judiciales indispensablespara la protección de tales derechos. 3. Todo Estado Parte quehaga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamentea los demás Estados Partes en la presente Convención, por conductodel Secretario General de la Organización de los EstadosAmericanos, de las disposiciones cuya aplicación hayasuspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión yde la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión”. De todo lo hasta aquí expuesto surge que,desde el punto de vista formal, no existe como pretenden losrecurrentes, ilegitimidad en el dictado del estado de sitio porparte del Poder Ejecutivo Nacional, que cumplió, en cambio, conlos pasos que marca la Ley Suprema y los pactos internacionalesa ella incorporados (Art. 77, inc. 22) para adoptar esa medida
  • 42. extrema. A lo que no puede dejar de agregarse que,según fue detallado más arriba, luego de la renuncia delpresidente de la Rúa, quien lo sucedió de acuerdo con el ordenque marca la Constitución Nacional y que era el presidente delCongreso proveniente electoralmente del partido políticoopositor, frente a la emergencia, no sólo siguió el mismoprocedimiento, sino que efectuó una válida y legítimainterpretación del suceso –ver nuestro resaltado del decreto “utsupra”-; extremo que resultó corroborado y convalidado por laactividad del propio Congreso de la Nación que no objetó laformalidad, licitud ni legitimidad de dichos actos, en los queen modo alguno resultó avasallado en sus facultadesconstitucionales propias; y todo muy por el contrario a cuantoafirmaron sobre el particular los recurrentes. Debe señalarse también que los temasrelativos a las detenciones resueltas a la luz del decreto dedeclaración de estado de sitio, como correctamente indica ladefensa, ya han sido objeto de resolución por parte de esta Cámara(cfr. de esta Sala I, causa n° 10.103, “de la Rúa, Fernando yAndreozzi, Raúl s/recurso de casación” del año 2009). En mérito de todo lo expuesto se impone elrechazo de los recursos de casación analizados. Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. Declarar desierto el recurso de casacióninterpuesto por la querellante Marta Almirón cuyos apoderados sonlos Dres. Daniel Adalberto Stragá y María del Carmen Verdú a fs.42
  • 43. Causa N° 14.278 -Sala I- De la Rúa, Fernando s/recurso de casaciónCámara Federal de Casación Penal Registro nº 20.57010.625/10.633, con costas (arts. 464, 465, 530 y 531 delC.P.P.N.). II. No hacer lugar al recurso de casaciónpresentado por los doctores Rodrigo Diego Borda -apoderado de lasquerellantes María Nieves Marino y María Mercedes Arena- yRodolfo N. Yanzón -apoderado de Martín Esteban Galli, PaulaSimonetti, Leonardo Esteban de Rocha Ferreira, Susana Slamovits,Ricardo González, Ángel Fabián Cocca, Sergio Rubén Sánchez,Sandra Inés Santos, Ana María Juárez, Claudia Paulina AguileraFarías, Oscar Rubén Chara, Julio Marcelo Talavera, Valeria Cook,Paulo Diego Córdoba, Mariano Gabriel Rodríguez, Diego HoracioSulkes, Mónica Isabel Romero y Fernando Javier Ricoy-, concostas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). III. No hacer lugar al recurso de casacióndel Sr. Fiscal, sin costas (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese en la audiencia deldía 27 de diciembre de 2012 a las 12:00 horas a los fines del art.468 del C.P.P.N. y devuélvase a su origen.Fdo.: Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Eduardo Rafael Riggi. Ante mí: Javier E. Reyna deAllende. Secretario de Cámara.

Link: 

http://www.slideshare.net/andresoliva2/fallo-completo-de-la-cmara-que-sobresey-definitivamente-a-de-la-ra-por-los-asesinatos-de-la-represin-de-2001

 

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